AMNISTIA INTERNACIONAL ILLES BALEARS VUELVE A HACER PÚBLICA SU PREOCUPACIÓN POR LA PROYECTADA DEROGACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

En estos últimos días del mes de octubre se cumplen dos hitos de un importante significado democrático: la primera, el día 29, en recuerdo del nacimiento del movimiento democrático preautonómico en las Islas Baleares y su incidencia en la aprobación del Estatuto de Autonomía, tal como estableció nuestra ley de reconocimiento y memoria democrática de 2018; y, el día 31, en recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista posterior, tal como se establece a la ley estatal de memoria democrática que ahora cumple dos años de vigencia.

Amnistía Internacional, organización que tiene como finalidad primordial la defensa y promoción de los derechos humanos inherentes a la dignidad de todo ser humano, quiere contribuir con su voz a mantener vivo el recuerdo del significado y la trascendencia de los hechos que han marcado la vida de los ciudadanos de estas islas, con la convicción de que preservar la memoria colectiva nos fortalece como pueblo y nos permite construir un futuro mas justo.

El conocimiento del largo camino desde los desastres de la guerra y la dictadura franquista, hasta los restablecimientos de los valores democráticos reconocidos a la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, tiene que incluir necesariamente el reconocimiento en todas aquellas personas que contribuyeron con grandes sacrificios, y que a veces perdieron la vida, a la recuperación de las libertades sociales y politicas.

Este reconocimiento forma parte de la debida reparación a las víctimas que conforma el derecho individual y colectivo a la memoria, entendida no solo como un sentimiento de evocación personal del pasado, sino como un acto de conocimiento de la nuestra historia y que constituye un acto de justicia, porque sin memoria de las injusticias no puede haber justicia.

Este derecho, individual y colectivo a la memoria se traduce al mismo tiempo en un deber moral y jurídico, en cuanto que obliga en los Estados y a las Instituciones Públicas, tanto nacionales como internacionales; este deber jurídico se enmarca dentro del ámbito del Derecho Internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y configura la obligación de establecer y mantener políticas públicas de memoria.

Fue en aplicación de este deber jurídico que el Parlamento de las Islas Baleares aprueba la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares, ley que junto con la Ley 10/2016, por la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo, garantizan dentro del ámbito de las competencias autonómicas el ejercicio de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Las actuaciones realizadas por las administraciones públicas de las Islas Baleares durante las legislaturas 2015-2019 y 2019-2023, han sido elogiadas tanto por los profesionales expertos en la materia (los Relatores Especiales de la ONU su un claro ejemplo), como por las asociaciones memorialistas, sin que, durante su aplicación, fuera objeto de crítica por la ciudadanía.

Esta Ley, condena la dictadura franquista y rechaza cualquier forma de totalitarismo, defendiendo una memoria colectiva centrada en los valores democráticos, poniendo de manifiestos que el derechos humanos y la verdad histórica sueño esenciales para evitar la repetición de las graves violaciones de derechos humanos. La derogación de la Ley de Memoria Democrática, que se llevará a cabo en nuestra comunidad autonómica si es aprobada en el Parlamento de las Islas Baleares, supone un retroceso en derechos y libertades que pone en peligro los consensos que permitieron la Transición de la dictadura franquista a un regimen democrático.

Es por eso que Amnistía Internacional en las Islas Baleares vuelve a hacer pública su preocupación por la proyectada derogación de la Ley de Memoria Democrática. Como ya pedimos por escrito al Gobierno Balear el pasado mas de mayo, y de conformidad con la opinión del Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzosas o involuntarias y el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarías y arbitrarías, Amnistía Internacional Islas Baleares pide, tanto al Gobierno de las Islas Baleares como en el Parlamento de esta Comunidad Autónoma, que:

• Se garantice la preservación histórica de la memoria colectiva de graves violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo, como elemento esencial de la reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos y el establecimiento de garantías de no repetición.

• Se reconozca y rinda homenaje a todas aquellas personas que sufrieron, individualmente o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que alcanza el golpe de estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo lo transcurrido hasta el final de la violencia del periodo de la Transición.

- Se mantengan y mejoren las políticas públicas de memoria democrática que su esenciales para preservar los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, así como el derecho a saber tan individual como colectivo.